Actualidad Constitucional

¿Se puede o no se puede importar vehículos usados?

2010-10-08T09:33:00.002-07:00

(Caso Firth Industries Peru SA, Expediente 05288-2008-AA, Publicada el 7 de Octubre del 2010)

Pocos temas han generado interpretaciones tan dispares como el de la importación de vehículos usados, y ello no siempre ha tenido que ver con razones de orden técnico constitucional.

Desde el año 2000 el poder ejecutivo, invocando razones ambientales y de seguridad, comenzó a restringir la importación de vehículos y repuestos usados mediante diversas normas como el Decreto Legislativo 843, los Decretos Supremos 045-2000-MTC, 053-2000-MTC, 017-2005-MTC y 042-2006-MTC o los Decretos de Urgencia 079-2000, 086-2000, 050-2008 y 052-2008.

Como era facil de imaginar esas normas fueron impugnadas mediante diversos mecanismos procesales de orden constitucional con diversos pronunciamientos hasta que el Tribunal Constitucional en el expediente 05961-2009-AA expide un precedente sobre esta materia que busca unificar la jurisprudencia y consolida la plena constitucionalidad de todas las normas reseñadas.

A fin de que no se sigan presentando filtraciones por medio de resoluciones cautelares o de amparo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó una demanda de Conflicto Competencial contra el Poer Judicial que fue resuelta en el expediente 00001-2010-CC.

En dicho caso se sostuvo que a partir del 18 de junio de 2010 ningún juez podía emitir alguna resolución judicial que resolviera inaplicar el Decreto Supremo 017-2005-MTC entre otras normas vinculadas a la materia invocando que "... en las reglas establecidas como precedente vinculante en la STC 05961-2009-PA/TC se determinó que, por la forma y por el fondo, el contenido normativo de los decretos mencionados era conforme con la Constitución, por lo que debía ser acatado, respetado y cumplido por todas las personas y entidades de la Administración Pública" (Fundamento Jurídico 22).

En la parte resolutiva del dicho conflicto competencial agrega que las resoluciones judiciales que dispongan la inaplicación de las normas mencionadas, o que resuelvan en contravención, apartándose o inobservando las reglas establecidas como precedente vinculante en la STC 05961-2009-PA/TC, son nulas de pleno derecho por ser inconstitucionales.

Sin embargo en el caso analizado el Tribunal considera que procede ordenar la importación definitiva y/o nacionalización de los vehículos "... por cuanto como lo señala la propia Sunat en su escrito obrante de fojas 285 a 290, dichos vehículos ya ingresaron al país" (SIC) y agrega que no le resulta aplicable por cuanto la importación se efectuó con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo 017-2005-MTC.

La plena constitucionalidad de las restricciones aplicables a la importasción de vahículos y autopartes usadas no ha sido dejada sin efecto pero se reabre la posibilidad de realizar interpretaciones contrarias a ella.

¿Cuántas variantes del RAC existen?

2010-10-07T10:41:00.001-07:00

(Caso Dalila Valverde, Expediente 00142-2010-Q, Publicado el 5 de Octubre del 2010)

El artículo 18 del Código Procesal Constitucional, concordante con el artículo 202 inciso 2 de la Constitución, establece que contra las resoluciones desestimatorias (infundada o improcedente), de segundo grado, recaídas en los procesos de tutela de derechos (habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento) procede el Recurso de Agravio Constitucional.

Esta es la modalidad básica expresamente prevista en la normativa vigente, pero el Tribunal Constitucional, por medio de su jurisprudencia, ha habilitado una versión del recurso de Agravio que procede contra resoluciones estimatorias que vulneran el orden constitucional en materia de Tráfico Ilícito de Drogas.

Además tiene resuelto que el Recurso de Agravio Constitucional procede para garantizar la ejecución de lo resuelto en un proceso de amparo y también resulta viable para hacer efectiva la represión de actos lesivos homogéneos.

Sin constituir una modalidad especial, en el caso citado, el Tribunal Constitucional ha declarado fundada una queja contra un RAC declarado improcedente por haber sido interpuesto fuera del plazo.

El órgano de control de la Constitucion ha senalado que "... en virtud del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el juez constitucional está obligado a adecuar la exigencia de las formalidades previstas en dicho cuerpo normativo al logro de los fines de los procesos constitucionales..." y entiende que la Sala debio admitir el recurso atendiendo a que "... la recurrente manifiesta que por motivos de fuerza mayor se vio imposibilitada de presentar, dentro del plazo previsto, el referido recurso de agravio constitucional, afirmación que se corrobora a través del certificado de denuncia penal".

Como sucede con todas las excepciones a las reglas que el Tribunal introduce se filtrarán por aquí decenas de casos que sobrecargan la jurisdicción constitucional. Como ejemplo bastará señalar que el nuevo RAC contra resoluciones estimatorias se ha publicado hace dos semanas y ya se han publicado al menos dos resoluciones rechazando quejas que pretenden aplicarlo a casos diferentes.

¿Existe una nueva modalidad del Recurso de Agravio Constitucional?

2010-09-20T21:42:00.000-07:00

(Caso Edwin Martínez Moreno, Expediente 02663-2009-HC, Publicado el 17 de Agosto del 2010)

La norma suprema establece que el Tribunal Constitucional conoce, entre otras cosas, de las resoluciones denegatorias recaídas en los procesos de tutela de derechos (Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data y Proceso de Cumplimiento).

El Código Procesal Constitucional en su artículo 18 establece que el Recurso de Agravio Constitucional procede contra las resoluciones de segundo grado (expedidas por las Salas Superiores) que declaren infundada o improcedente la demanda.

De lo dicho se desprende que si la sentencia de la Sala declara fundada la demanda no cabe interponer recurso alguno pudiendo recurrirse a la vía del amparo contra amparo si esa sentencia emana de un proceso irregular.

El Tribunal Constitucional, independientemente del contenido de la sentencia dictada en segunda instancia “… entiende que es competente para conocer el caso de autos, entendiendo que el RAC presentado en autos, es uno de naturaleza excepcional, ante la vulneración del orden constitucional, en particular, de lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución, lo cual incluso tiene su correlato en las obligaciones que el Estado Peruano ha asumido en relación al combate del Tráfico Ilícito de Drogas en particular, y del crimen organizado transnacional, en general”.

En buena cuenta se introduce de este modo un Recurso de Agravio Constitucional Excepcional por Vulneración del Orden Constitucional en materia de Tráfico Ilícito de Drogas.

No puede dejar de recordarse que en el caso Pro Vías Nacional el Tribunal Constitucional dejó sin efecto otra modalidad especial del RAC contra resoluciones estimatorias, en aquel caso contra resoluciones estimatorias contrarias al precedente.

¿Es constitucional el Contrato Administrativo de Servicios (CAS)?

2010-09-20T20:37:00.000-07:00

(Caso Más de 5,000 Ciudadanos, Expediente 00002-2010-AI, publicada el 15 de Setiembre del 2010)

El Poder Ejecutivo, en el contexto de la implementación del TLC con los Estados Unidos, aprobó el Decreto Legislativo 1057 mediante el que se introdujo una nueva modalidad de contratación para los órganos del Estado.

Constituye una modalidad que reconoce determinados derechos a trabajadores que se encontraban contratados bajo la modalidad de servicios no personales.

El Tribunal Constitucional concluye expresando que el contenido del contrato regulado en DL 1057 tiene las características de un contrato de trabajo y no de un contrato administrativo, en la medida en que prevé aspectos tales como la determinación de la jornada de trabajo (que implica incluso determinar el horario de trabajo, pues de lo contrario sería imposible controlar la jornada semanal), así como los descansos semanales y anual.

Al pasar de un contrato independiente a otro en el que existe subordinación, y de uno en el que no se reconoce el goce de derechos constitucionales de naturaleza laboral a otro que reconoce algunos de ellos, se aplica el principio de progresividad.

El órgano de control de la constitución entiende que el CAS es propiamente un régimen “especial” de contratación laboral para el sector público que resulta compatible con la norma fundamental.

Por último dispone que el Ministerio de Trabajo dicte, en un plazo no mayor de 30 días, la reglamentación necesaria que permita a los trabajadores sujetos al CAS, el ejercicio del derecho de sindicación y huelga regulado en el artículo 28º de la Constitución.

¿Se puede ordenar a un sindicato que afilie a determinadas personas?

2010-07-12T12:29:00.001-07:00

(Caso Alcira Reyes Borja, Expediente 02882-2008-AA, Publicado el 6 de Julio del 2010)

La libertad de asociación abarca las facultades de conformar asociaciones, la de afiliarse o no a las organizaciones existentes, la de permanecer asociado mientras no se incumplan las normas estatutarias, la de dejar de pertenecer a ellas, etcétera.

Entre las asociaciones destacan por su importancia política y gremial los sindicatos de trabajadores que son rodeados de garantías constitucionales que aseguren el libre desenvolvimiento de sus actividades.

Se entiende que los trabajadores están facultados para ejercer su derecho de libre afiliación al tipo de organización sindical que estimen conveniente y ahora ha quedado claro que la prerrogativa de no afiliación es válida mientras no resulte irrazonable o discrimanatoria.

En la parte resolutiva el Tribunal Constitucional ordena al Sindicato Unico de Trabajadores Municipales de Comas que afilie a los trabajadores reincorporados en virtud de resoluciones judiciales.

¿Se deben dejar sin efecto las concesiones otorgadas sin haber realizado la consulta a las comunidades nativas de la selva?

2010-07-03T20:03:00.000-07:00

(Caso AIDESEP, Expediente 06316-2008-AA, Publicado el 30 de Junio del 2010)

A pesar de que el Convenio 169 de la OIT (sobre pueblos indígenas) se encontraba vigente para nuestro país, el Ejecutivo expidió los Decretos Supremos 038-1995 (10 de diciembre de 1995) y 028-1999 (7 de julio de 1999) mediante los cuales otorga la Licencia de Exploración y Explotación de los Lotes 39 y 67 sin consulta alguna con las comunidades nativas involucradas.

El artículo 6 de la norma citada establece que “1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

La asociación demandante se encuentra legitimada para plantear la demanda por tratarse de derechos difusos como el medio ambiente.

El Tribunal Constitucional declara improcedente la demanda aludiendo a que los derechos amenazados concretamente, corresponderían a comunidades nativas en aislamiento voluntario sobre cuya existencia las partes han presentado informes contradictorios y por lo tanto se requeriría una amplitud probatoria que no ofrece el amparo.

Sin perjuicio de que con lo dicho podría haber concluido la resolución el órgano de control de la Constitución decidió expedirse sobre la validez de los contratos – ley vigentes.

En principio los actos de adjudicación de dichos lotes resultarían incompatibles con la Constitución toda vez que se vienen desarrollando sin la participación ni consulta a las comunidades y sus organizaciones pero a fin de no generar mayores sacrificios que los que se pretende cautelar debe aplicarse en forma gradual.

Ello implica que las empresas involucradas, que no verán paralizadas sus acciones, deben poner en marcha un plan de compromisos compartidos con las comunidades y sus dirigentes abriendo el diálogo a fin de implementar mecanismos adecuados y eficaces de consulta, “… que permitan que las comunidades expresen sus preocupaciones y sean debidamente informadas sobre el avance de los procesos de explotación de los recursos, así como sobre el impacto que estos procesos generan en su vida”.

¿Se pueden importar carros usados?

2010-06-22T17:06:00.000-07:00

(Caso Transportes Vea S.A.C., expediente 5961-2009-AA, publicado el 18 de Junio del 2010)

La importación de vehículos constituye una actividad lícita pero el Estado mediante diferentes normas ha restringido la antigüedad de los mismos a un máximo de 5 años a fin de reducir el riesgo de accidentes y minimizar el impacto ambiental.
El poder judicial ha dictado sentencias autorizando importaciones que no cumplían los requisitos por entender que éstos resultaban inconstitucionales.
El 6 de noviembre del 2008 el Tribunal Constitucional, en ejercicio de su función, se pronunció dejando sentado, con carácter vinculante para el Poder Judicial, que las restricciones impuestas a la importación de vehículos y de repuestos no resultaban inconstitucionales.
A pesar de ello continuaron expidiéndose sentencias y medidas cautelares que inaplicaban los requisitos y lo peor de todo es que una vez que los vehículos ingresaban al país el daño quedaba consumado y una sentencia final desestimatoria ya no tenía ningún efecto.
La novedad consiste en que el Tribunal Constitucional acaba de publicar una sentencia en la que dispone que las resoluciones posteriores al 6 de noviembre son irregulares pero además ha habilitado al Ministerio de Transporte para demandar su ineficacia.
Lo resuelto en este caso no podrá dejar de aplicarse y en consecuencia es posible afirmar que no ingresarán más vehículos que no cumplan con las disposiciones legales, lo que no es tan fácil de predecir es que sucederá en aquellos casos donde se anulen las resoluciones viciosas.

¿Quién debe juzgar al espía?

2009-11-20T08:25:00.000-08:00

El Suboficial de la Fuerza Aérea, Víctor Ariza ha incurrido en delito de espionaje que constituye una de las modalidades que podría presentar la traición a la patria. Su calidad de miembro de las Fuerzas Armadas no torna mecánicamente competente a la justicia militar (es una condición necesaria pero no suficiente) ya que éste no es un fuero para militares sino para perseguir la tutela de bienes jurídicos propios de la institución castrense que pretenden garantizar la defensa nacional y la disciplina entre otros.

La Constitución reconoce que no puede establecerse jurisdicción diferente a la del Poder Judicial con excepción de la militar y la arbitral (artículo 139.1) y a la vez establece que “En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar”, por lo tanto no hay, desde esta perspectiva, objeción constitucional al juzgamiento del espía en el fuero castrense.

Un aspecto que puede generar controversia es el relativo a la materia ya que la conducta se encuentra prevista tanto en el código penal (artículo 331, espionaje, quince años de cárcel como mínimo) como en el Código de Justicia Militar (artículo 67, Traición a la patria en tiempo de paz, veinte años de cárcel como mínimo), el criterio no puede ser la pena mayor sino que debe determinarse si estamos ante un delito de función ya que en caso contrario la competencia sería del fuero civil a pesar de que se trate de un militar.

Esta cuestión específica ya fue resuelta hace tiempo por el Tribunal Constitucional quien en el Expediente 00012-2006-AI (fundamentos 46 y 47 para quien quiera leerlos) quien ante un planteo de inconstitucionalidad del Decano del Colegio de Abogados dejó sentado que en este caso estamos ante un delito de función y por lo tanto el juzgamiento le corresponde al fuero militar. No hay margen para opiniones, el asunto ya fue juzgado y de acuerdo con el Código Procesal Constitucional “Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad” (artículo VI).

Hasta ahora viene conociendo el caso la justicia ordinaria que es la que ha ordenado la detención preventiva del imputado y también los órganos de la Justicia Militar pero como ello no puede continuar debe solicitarse de inmediato a la Corte Suprema que resuelva definitivamente la contienda de competencia que es quien debe hacerlo de acuerdo con los artículos 192.2 del Código de Justicia Militar y 41 del Código Procesal Civil.

Lo que no puede dejar de preocuparnos es que en diversas ocasiones se ha declarado contrario a la Constitución el juzgamiento por jueces castrenses que sean militares en actividad y también la intervención de fiscales militares y de hecho la ley de organización y funciones del fuero militar policial se encuentra sometida a proceso de inconstitucionalidad (expediente 00001-2009-AI). Adicionalmente debe tenerse presente que en casos como el resuelto en el expediente 01605-2006-HC se declaró la nulidad del juzgamiento por el fuero militar por llevarlo a cabo aplicando normas que siguen interpretaciones declaradas inconstitucionales con lo que se vulnera el derecho a un juez independiente e imparcial.

Resulta indispensable una inmediata adecuación de las normas que rigen el funcionamiento de la justicia militar para evitar que los traidores puedan reírse impunemente de nosotros, están todos advertidos del riesgo que corremos.

¿Se puede expulsar a una cadete de la escuela militar por tener relaciones sexuales con un compañero?

2009-11-03T10:20:00.000-08:00

(Caso Victoria Contreras Siaden, Expediente 3901-2007-AA, Publicado el 29 de Octubre del 2009)

El nunca publicado reglamento de la escuela militar de Chorrillos establece que los cadetes pueden ser separados "Por mantener relaciones amorosas o sexuales" dentro o fuera de la institución.

La institución decomisó el celular de la estudiante y utilizó los mensajes de texto allí almacenados como prueba de la infracción a la prohibición mencionada.

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda atendiendo, en primer lugar, a que cualquier prohibición debe encontrarse contenida en una norma vigente y para ello se requiere que haya sido publicada. La inobservancia del principio de publicidad supone una afectación del derecho al debido proceso.

En segundo lugar el órgano de control de la Constitución entiende que la prohibición contenida en la norma supone una vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad. El Estado no puede regular o establecer consecuencias para el normal desarrollo de la vida privada.

Por último se sostiene que al revisar el contenido de los mensajes almacenados en el teléfono celular se vulnera el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.

¿Puede el Ministerio de Salud distribuir la píldora del día siguiente?

2009-11-02T18:32:00.000-08:00

(Caso ONG Acción de Lucha Anticorrupción, expediente 02005-2009-AA, publicado el 22 DE Octubre del 2009)

En nuestro sistema jurídico existe persona humana, y en consecuencia protección jurídica, desde el momento de la concepción, que se produce a partir de la fecundación del óvulo. Tal punto de vista es recogido también por el "Programa de Atención Integral de Salud del Niño" que ejecuta el Ministerio de Salud.

Por otra parte cabe anotar que, de acuerdo con la posología de los medicamentos, el efecto del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), conocido como píldora del día siguiente, consiste en prevenir, interferir o impedir la implantación del óvulo fecundado.

El Tribunal Constitucional tiene una “duda razonable” sobre el carácter abortivo del AOE y en aplicación del principio pro homine y pro debilis opta por ordenar que cese su distribución gratuita a través del Ministerio de Salud..

Cabe destacar que el pronunciamiento emitido por el Tribunal en el presente caso sobre la píldora del día siguiente no es el primero, de hecho en el expediente 07435-2006-AC/TC se resolvió en sentido exactamente inverso al declarar fundada la demanda de cumplimiento interpuesta contra el Ministerio de Salud requiriendo la ejecución material de las Resoluciones Ministeriales Nos 465-99-SA/DM y 399-2001-SA/DM lo que implica garantizar la provisión e información sobre el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) en todos los establecimientos de salud a su cargo.

En la aclaración publicada el 9 de noviembre del 2009 (2005-2009-AA-Aclaración) se señala que a pesar de que existe ese pronunciamiento previo no se vulnera el derecho a la cosa juzgada ya que se trata de procesos diferentes (Acción de Cumplimiento el primero y amparo el segundo) cuyo objeto también es diferente (que se cumpla con las resoluciones del Ministerio de Salud en el primero y que se restablezca al demandante en sus derechos fundamentales en el segundo).

No compartimos tal afirmación porque si bien es formalmente correcto que se trata de procesos diferentes el objeto es el mismo la ejecución de las resoluciones perseguía que se distribuya la píldora de la discordia y la sentencia del amparo estableció exactamente lo contrario impidiendo la distribución.

Por último en la aclaración se deja sentado que el Ministerio de Salud no podrá comercializar las dosis que mantiene en su poder y no se pronuncia en cuanto a la posibilidad de que lo hagan farmacias particulares por lo que la prohibición, en principio, no las alcanza.

¿Pueden las Fuerzas Armadas intervenir en el mantenimiento del orden interno?

2009-09-21T11:11:00.000-07:00

(Caso 31 Congresistas sobre Inconstitucionalidad de la Ley que autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en el mantenimiento del orden interno, Expediente 0002-2008-AI, publicado el 14 de Septiembre del 2009)

Las Fuerzas Armadas tienen por función la de garantizar la seguridad del estado, su independencia y la integridad territorial mientras que la Policía Nacional garantiza, mantiene y restablece el orden interno.

Las primeras de acuerdo con el artículo 165 de la Constitución “Asumen el control del orden interno” durante los estados de excepción (Estado de Emergencia o Estado de Sitio) y su participación en el mantenimiento del orden interno debería ser entonces temporal y excepcional.

La ley 29166 introdujo la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo de la Policía Nacional para el control del orden interno aún cuando no se hubiese declarado el estado de emergencia pero el Tribunal Resolvió que el párrafo deberá quedar redactado de la siguiente forma: “o en apoyo al control del orden interno en zonas no declaradas en estado de emergencia para los casos de narcotráfico, terrorismo y la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, en los términos establecidos en la ley, hará uso de la fuerza (…)”.

EL Tribunal Constitucional recurre a una sentencia manipulativa y entiende que la expresión contenida en la norma debe quedar redactada de otra manera que será la que permita mantener su constitucionalidad.

El órgano de control de la Constitución, con un criterio discutible, modifica la disposición (el texto de la ley) pero en la aclaración publicada el viernes retrocede parcialmente y corrige la voz redactado de la sentencia y la reemplaza por “interpretado” intentando atenuar el efecto de las críticas por el tipo de sentencia emitida.

¿Se puede expulsar a un alumno por fumar marihuana dentro de la Universidad?

2009-08-12T10:07:00.000-07:00

(Expediente 00535-2009-AA, Caso Rodolfo Oroya Gallo, publicado el 3 de Agosto del 2009)

Un alumno del último ciclo de la carrera de administración fue descubierto fumando marihuana al interior del recinto universitario y como consecuencia de esa conducta fue sancionado con la expulsión.

Si bien el consumo de sustancias ilícitas no conlleva sanción penal esto supone adquirir el producto de quienes sí cometen delito al comercializar drogas sin mencionar que favorece la producción.

De acuerdo con el Art. 8 de la Constitución "El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas" y si bien los adictos no son delincuentes tenemos claro que mientras haya quien consuma drogas habrá quien las produzca con su secuela de corrupción y sangre.

Todos estamos de acuerdo en que la conducta es muy grave pero resta decidir sobre la proporcionalidad de la sanción, a tal fin debe tomarse en cuenta el nivel de afectación de los derechos del demandante en relación con cuánto se favorecen el orden y la disciplina en la universidad y la salud y seguridad pública en el ámbito social.

El Tribunal Constitucional entendió que la sanción era desproporcionada, nos permitimos disentir pues el alumno ha demostrado un absoluto desprecio por el espíritu reflexivo de la universidad al consumir voluntariamente una sustancia cuyo efecto es el de disminuir la capacidad para realizar tareas que exigen concentración y coordinación, sin mencionar que indirectamente favorece al narcoterrorismo.

COMPENDIO ELECTRONICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

2009-07-15T10:45:00.000-07:00

¿Dónde metemos el relleno sanitario?

2009-07-13T09:42:00.000-07:00

(Expediente 00027-2007-AI, demanda interpuesta por el Alcalde Provincial de Arequipa, publicada el 10 de julio del 2009)

¿Usted lo quiere?, ¿Yo señor?, ¡¡No señor!!, ¿Pues entonces donde lo ponemos? Así parece que se viene manejando la instalación del relleno sanitario en diversos puntos del país.

Lo que sucede hoy en Arequipa pasó antes en Maynas y el problema es qué hacer con los cientos de toneladas de residuos que inexorablemente deben recogerse cada día en las ciudades del país.

La municipalidad de Yura, provincia de Arequipa, emite una ordenanza prohibiendo que se instale el relleno sanitario en su jurisdicción invocando el derecho a un medio ambiente equilibrado.

Lo cierto es que el relleno sanitario supone, por su propia naturaleza, contaminación del algún área y la recolección de residuos resulta indispensable para garantizar la salud y la vida de los ciudadanos.

El Tribunal en la sentencia no realiza ponderación alguna limitándose a señalar que “… los eventuales cambios en la zonificación, independientemente de las causas o la premura que los motiven, no pueden desconocer el derecho a un medio ambiente equilibrado de los habitantes de las zonas aledañas”.

¿Está vigente o no el Recurso de Agravio contra resoluciones estimatorias contrarias al precedente?

2009-07-10T20:35:00.000-07:00

En el expediente 04853-2004-AA el Tribunal Constitucional creó el Recurso de Agravio Constitucional (RAC) contra resoluciones estimatorias cuando estas sean contrarias al precedente.
Más tarde, en el expediente 03908-2007-AA, dicho recurso es dejado sin efecto quedando habilitada, en todo caso, la vía del amparo contra amparo.
Sin embargo el 7 de Julio el órgano de control de la Constitución publica la resolución recaída en el expediente 1917-2008-AA en cuyos fundamentos primero y segundo analiza un recurso de tal naturaleza.
En realidad el recurso de referencia no se encuentra vigente ya que fue dejado sin efecto con carácter de precedente reuniendo los 5 votos que exige la ley orgánica del TC y por lo tanto no puede ser aplicado, lo que nos lleva a concluir que el colegiado ha incurrido en un error.

2009-07-08T06:45:00.001-07:00

¿Puede PROINVERSION modificar las bases de una iniciativa privada en la etapa de evaluación?

2009-07-07T11:41:00.000-07:00

(Caso Consorcio Dhmont & CG & M S.A.C., Expediente 01387-2009-AA, publicado el día 1º de Julio del 2009)

Los terrenos que ocupara el aeródromo de Collique fueron motivo de controversia cuando se decidió cambiar su finalidad, ahora el Tribunal Constitucional ordena que el procedimiento de iniciativa privada se siga sólo con el Consorcio DHMONT & CG & M S.A.C.

El Decreto Supremo 015-2004-PCM establece el procedimiento que deberá seguir el Organismo Promotor de la Inversión Privada (PROINVERSION) para la aprobación de una iniciativa privada de proyecto de inversión.

Ese proceso cuenta con tres etapas:
1. Se presenta la iniciativa solicitando la adjudicación o concesión de un proyecto.
2. Si la iniciativa privada es declarada de interés se procede a la publicación de tal decisión en el Diario Oficial El Peruano conjuntamente con un resumen ejecutivo de la iniciativa.
3. Esta etapa puede iniciarse con la presentación de terceros interesados en participar en la ejecución de la iniciativa privada aprobada acompañando la documentación que permita acreditarlos con suficiencia como potenciales postores.

En la sentencia se afirma que la información contenida en la Declaración de Interés y en el Resumen Ejecutivo publicados contienen no sólo los requisitos que debían reunir los terceros interesados para participar en el proyecto de inversión sino que también fijan los parámetros a los cuales ProInversión debe someterse para realizar la evaluación de dicho procedimiento.

Proceder de un modo contrario contraviene el principio de legalidad y el derecho al debido proceso al cual deben encontrarse siempre sometidos todos los órganos que integran la Administración Pública.

Se habría vulnerado el derecho al debido proceso del Consorcio demandante cuando vencido el plazo para que los terceros interesados presenten los requisitos de precalificación ProInversión, introduce modificaciones respecto de los exigidos en la Declaración de Interés y en el resumen publicados.

Debemos apuntar sin embargo que la conclusión a la que llega el colegiado es inconsistente con las premisas y excesiva ya que la parte resolutiva en lugar de declarar la nulidad del proceso ordena continuarlo únicamente con los demandantes.

COMPENDIO ELECTRONICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

2009-07-06T16:55:00.000-07:00

¿Puede declararse improcedente una demanda de inconstitucionalidad?

2009-07-06T16:25:00.000-07:00

(Caso Inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1090, Expediente 00033-2008-AI, publicado el 08 de Junio del 2009)

A inicios de este año la del Partido Nacionalista planteó una demanda de inconstitucionalidad contra diversos Decretos Legislativos, entre ellos el 1090 que motivara las protestas de los pobladores de la selva.

El Tribunal Constitucional declaró inadmisible la demanda ya que no se había designado apoderado conforme a la exigencia procesal por lo que se concedió el término de cinco días paraque se supla dicha omisión.

Toda vez que los requeridos nunca cumplieron con el requisito legal la demanda fue declarada imporocedente con lo que se perdió, voluntaria o involuntariamente, la posibilidad de resolver la cuestión en paz.

¿Dónde se presenta el amparo contra resoluciones judiciales?

2009-07-06T16:05:00.000-07:00

Se aprobó la Ley Nº 29364, dicha ley modifico el Código procesal civil en materia de casación siendo modificatoria de diversos artículos del mismo, y en la Segunda Disposición derogatoria, deroga los dos últimos párrafos de artículo 51 dela Ley Nº 28237 (Código Procesal Constitucional).

[El texto derogado en código procesal constitucional seria el siguiente:] “Artículo 51.-(…) Si la afectación de derechos se origina en una resolución judicial, la demanda se interpondrá ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior de Justicia de la República respectiva, la que designará a uno de sus miembros, el cual verificará los hechos referidos al presunto agravio.

La Sala Civil resolverá en un plazo que no excederá de cinco días desde la interposición de la demanda”.

Luego de la supresión no se indica cual será el órgano competente, pero debemos asumir, que será de conocimiento de los juzgados especializados en lo constitucional que han comenzado a funcionar en Lima.

A pesar de la reforma introducida las Salas todavía conocerían originariamente, y la Corte Suprema en apelación, de los amparos sobre temas concursales de acuerdo con el artículo 133.1 de la Ley Nº 27809 aplicable a la materia de aucerdo con lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el expediente 01889-2008-AA.

PRESENTACION DE CEDCO

2009-05-22T21:16:00.000-07:00

La Presentación del “Compendio Electrónico de derecho Constitucional” (CEDCO)

Expositores a cargo:
Víctor García Toma
Javier AlVa Orlandini
Alexander Kouri

LUGAR: Universidad de Lima
Hora: 6.p.m.
Pabellón: W, Auditorio W
Día: jueves 28 de mayo

¿Tienen derecho los internos de un penal a la visita íntima?

2009-04-20T10:51:00.000-07:00

(Caso Marisol Venturo Ríos, Expediente 01575-2007, publicado el 17 de Abril de 2009)

Los beneficios penitenciarios no constituyen derechos fundamentales de la persona, sino garantías previstas en el Derecho de Ejecución Penal concebidos como estímulos o incentivos que tienen por objeto el de concretizar los principios constitucionales de reinserción y reeducación del interno.

Los beneficios penitenciarios como las visitas, familiares o de amigos, a los internos y en particular las visitas íntimas constituyen un instrumento importante para garantizar la función resocializadora y rehabilitadora de la pena.

En este sentido, la relación sexual, que es uno de los ámbitos de desarrollo de la persona que continua siendo protegido aún en prisión, constituye una de las facetas en donde se ve plasmado el derecho al libre desarrollo de la personalidad del ser humano puesto que, como lo ha señalado el Tribunal, "el desarrollo de una vida en condiciones dignas es la posibilidad de tener relaciones sexuales".

Asimismo, las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación al derecho de integridad personal ya que en este se reconocen manifestaciones como el derecho a no ser sometido a tratamientos susceptibles de anular o restringir la voluntad o el uso pleno de manifestaciones corpóreas.

De este modo, al permitirse y garantizarse la visita íntima a los internos se coadyuva de forma decisiva en el proceso de resocialización.

¿Puede delegarse al Ejecutivo la facultad de aprobar exoneraciones tributarias zonales?

2009-04-14T09:38:00.001-07:00

El Tribunal Constitucional ha publicado recientemente una sentencia en la que no pretende realizar un análisis del principio de reserva de ley para todas las exoneraciones tributarias sino que se circunscribe a los "beneficios zonales". Así se determina que:

19. El artículo 79° de la Constitución sobre el establecimiento de exoneraciones y beneficios tributarios señala que “[l]os representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo. En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país”. (subrayado agregado). (…)

22. No obstante, cabe recordar que las normas constitucionales deben ser interpretadas a la luz de los principios de unidad de la Constitución, corrección funcional, concordancia práctica, fuerza integradora y normativa de la Constitución (cfr. al respecto, entre otras, la STC 5854-2005-AA/TC). En ese sentido y precisamente en aplicación de dichos principios cabe determinar si existen en la Constitución otras materias indelegables al Poder Ejecutivo. El Tribunal Constitucional entiende que lo previsto en el último párrafo del artículo 79° de la Constitución –el mismo que regula el establecimiento de un régimen o tratamiento tributario especial a determinadas zonas del país– constituye también una materia que sólo puede ser regulada por una ley del Congreso de la República; en otras palabras, una materia que no puede delegarse, a efectos de su regulación, al Poder Ejecutivo. (…)

25. En ese sentido, es claro que cuando las exoneraciones tributarias formen parte de un tratamiento tributario especial a una determinada zona del país, su modificación o eliminación queda comprendida bajo el principio de reserva de ley absoluta. Lo que se justifica por cuanto que el tratamiento tributario especial no puede establecerse sobre la base de criterios subjetivos o de oportunidad política, porque ello quebraría el principio-derecho de igualdad; lo mismo sucede si se eliminara dicho tratamiento especial por cuestiones que no tengan un sustento objetivo y razonable. Precisamente, la votación reforzada (dos tercios de los congresistas) que exige el último párrafo del artículo 79º de la Constitución constituye una garantía y un límite para establecer o eliminar un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país.

En consencuencia, de estos tres fundamentos se desprende de manera clara que la regla de la “reserva de ley absoluta” en materia de beneficios tributarios sólo es aplicable a las exoneraciones zonales de acuerdo a lo prescrito por el propio artículo 79º de la Constitución de 1993.

Por Ernesto Alvarez Miranda

¿Cuáles son las causales para la procedencia del Habeas Corpus contra Resoluciones Judiciales?

2009-04-13T09:37:00.000-07:00

(Caso Manuel Jesús Gamboa, Expediente 02731-2008-PHC)

En el artículo 200º, inciso 1, de la Constitución se establece que a través del proceso de habeas corpus se protege el derecho a la libertad individual y conexos a ella. Esto quiere decir que no cualquier reclamo que afecte este derecho se pueda reputar como tal ya que es necesario analizar si los actos denunciados vulneran el derecho constitucionalmente protegido.

Para la admisión a trámite del proceso de habeas corpus es necesario que los hechos denunciados se encuentren relacionados en agravio de la libertad individual y solo procede, como se expresa en el artículo 4, segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional "cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva".

De lo expuesto se infiere que para la procedencia de un habeas corpus contra las resoluciones judiciales es necesario:

1) La resolución judicial sea firme,
2) Exista vulneración manifiesta, y
3) Dicha vulneración agravie la libertad y la tutela procesal efectiva.

En este sentido no procedera el habeas corpus cuando:

1) La resolución judicial no sea firme,
2) La resolución judicial no vulnere de forma manifiesta el derecho a la libertad individual, y
3) No se agravie la tutela procesal efectiva.

¿Cuál es el criterio para determinar y distribuir los arbitrios?

2009-03-15T19:55:00.000-07:00

(Caso Cipriano Campomanes Martinez, Expediente 00030-2007-AI, publicado el 12 de Marzo del 2009)

En principio el proceso de inconstitucionalidad es uno de control abstracto referido al respeto por el orden jerárquico de las normas establecidas en el artículo 51 de la Constitución.
Entre las normas con rango de ley se encuentran las ordenanzas municipales y de acuerdo con la jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional este puede controlar que los criterios aplicados al aprobarlas resulten razonables y proporcionales (0041-2004-AI y 0053-2004-AI y 0018-2005-AI).
Las municipalidades tienen autonomía política y económica pero “… ello no supone que se encuentren autorizadas a considerar de manera indiscriminada e irrazonable cualquier criterio para justificar sus costos, pues los mismos -directos e indirectos-, deberán ser idóneos y guardar relación objetiva ya sea con la proyección del coste del servicio que se preste, o en su caso, con los costos efectivamente incurridos en la prestación del servicio”.
En cuanto a la distribución de los arbitrios entre los vecinos se han dejado establecidos los siguientes criterios:

Limpieza pública:
a) Barrido de calles
§ Para la limpieza de calles, no puede considerarse el tamaño de predio entendido como metros cuadrados de superficie, sino únicamente como longitud del predio del área que da a la calle, pues el beneficio se da en el barrido y limpieza de las pistas y veredas circunscritas a cada predio.

b) Recojo domiciliario de residuos sólidos
§ El criterio tamaño del predio, entendido como metros cuadrados de superficie (área m2), guarda relación directa e indirecta con el servicio de recolección de basura, en los casos de casa habitación, pues a mayor área construida se presume mayor generación de desechos; por ejemplo, un condominio o un edificio que alberga varias viviendas tendrá una mayor generación de basura que una vivienda única o de un solo piso.

§ Para lograr una mejor precisión de lo antes señalado, deberá confrontarse, utilizando como criterio adicional, el número de habitantes en cada vivienda, lo cual permitirá una mejor mensuración de la real generación de basura.

§ Para supuestos distintos al de casa habitación (locales comerciales, centros académicos, supermercados, etc), el criterio tamaño de predio (área m2), no demostrará por sí solo una mayor generación de basura, por lo cual, deberá confrontarse a fin de lograr mayor precisión, con el criterio uso de predio, pues un predio destinado a supermercado, centro comercial, clínica, etc., presume la generación de mayores desperdicios no por el mayor tamaño del área de terreno, sino básicamente por el uso.

Parques y jardines:
§ En este caso, lo determinante para medir la mayor intensidad de disfrute del servicio será el criterio ubicación del predio, es decir, la medición del servicio según la mayor cercanía a áreas verdes. Por consiguiente, no se logrará este objetivo si se utilizan los criterios de tamaño y uso del predio, debido a que no relacionan directa o indirectamente con la prestación de este servicio.

Servicio de serenazgo:
§ En el servicio de serenazgo es razonable utilizar los criterios de ubicación y uso del predio, por cuanto su uso se intensifica en zonas de mayor peligrosidad. Asimismo, debe tenerse en cuenta el giro comercial; por ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor frecuencia en centros comerciales, bares o discotecas.

¿Cómo se resuelven los empates en el pleno del Tribunal Constitucional?

2009-02-24T07:37:00.000-08:00

(Caso Denisse Belmont Sanguesa, expediente 04664-2007-AA, publicado el 20 de febrero del 2009)

De acuerdo con el reglamento normativo del TC existen procesos de amparo que son conocidos por el pleno como sucede cuando la demanda se ha iniciado ante una Sala Superior y lo mismo sucede cuando se vaya a establecer jurisprudencia constitucional o se proponga el apartamiento de la anterior.
En tales casos se requerirá el voto conforme de al menos 5 de los 7 magistrados del TC y de no alcanzarse tal mayoría calificada se dictará sentencia declarando infundada la demanda.
Corresponde aclarar además que los magistrados son irrecusables pero pueden abstenerse de conocer algún asunto cuando tengan interés directo o indirecto o por causal de decoro.
Entonces la cuestión es la que sigue, ¿Si un Magistrado se abstiene y en un caso votan 3 porque se declare fundada la demanda y 3 en sentido inverso, es decir por que se la declare infundada, cuál será el sentido de la resolución definitiva?
En este supuesto el Tribunal Constitucional ha entendido que el presidente no posee doble voto y extiende la regla según la cual “De no alcanzarse la mayoría calificada de cinco votos en favor de la inconstitucionalidad de la norma impugnada, el Tribunal dictará sentencia declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad”.

¿Cuándo procede el Habeas Corpus?

2009-02-09T08:43:00.000-08:00

(Expediente 06218-2007-HC, Caso Víctor Esteban Camarena, publicado el 3 de febrero del 2009)

El Habeas Corpus es un proceso constitucional que persigue la efectividad del derecho a la libertad individual y de aquellos que son conexos con ella como el derecho a no ser privado del DNI, a la inviolabilidad del domicilio o el derecho a no ser objeto de desaparición forzada.
Si bien este proceso no tiene especialmente reguladas las causales de improcedencia no quiere ello decir que no pueda rechazarse la demanda de plano cuando:

a. Se cuestione una resolución judicial que no sea firme (artículo 4).

b. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado (artículo 5.1).

c. A la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o ésta se haya convertido en irreparable (artículo 5.5).

d. Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia (artículo 5.6).

e. Se cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales, siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa audiencia al interesado (artículo 5.7). En este supuesto la improcedencia de la demanda se justifica en la medida que las resoluciones cuestionadas no inciden directamente en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual ni en los contenidos de los derechos conexos a ella.

f. Se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno (artículo 5.9).

Corresponde aclarar que algunas de las causales previstas en el artículo 5 no son aplicables al Habeas Corpus como sucede cuando:

a. Existe una vía procedimental específica igualmente satisfactoria para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado (artículo 5.2). Ello debido a que el proceso de hábeas corpus a diferencia del proceso de amparo no es un proceso de carácter residual y excepcional.

b. No se ha cumplido con agotar las vías previas (artículo 5.4). Ello por la naturaleza de los derechos tutelados por el proceso de hábeas corpus.

c. Ha vencido el plazo para interponer la demanda (artículo 5.10).

d. Por la naturaleza de los derechos fundamentales objeto de tutela del proceso de hábeas corpus, los jueces constitucionales tampoco pueden ni deben declarar liminarmente improcedente la demanda bajo el argumento de que el demandante recurrió previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional (artículo 5.3).

¿Se puede aplicar el Código de Justicia Militar y Policial?

2009-01-16T20:41:00.001-08:00

(Expediente 01524-2007-HC, Caso Luis Pereyra Briceño, publicado el 14 de Enero del 2009)

La justicia militar no es un ámbito reservado para el juzgamiento de militares o policías sino una jurisdicción especial donde se persigue la tutela de determinados bienes jurídicos propios de las fuerzas armadas y de seguridad (como la disciplina, seguridad, etc).
Hasta en tres ocasiones el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la ley orgánica de la materia (Expedientes 00023-2003-AI, 00004-2006-AI y 00006-2006-AI) y en todos los casos porque los jueces militares no deberían ser funcionarios en actividad (la subordinación no permite garantizar su independencia) y porque la función fiscal debe ser ejercida en exclusiva por el Ministerio Público.
Al resolver aquellos casos suspendió el efecto de la sentencia por un período de seis meses y exhortó al legislador para que apruebe una norma conforme a los estándares fijados pero este no lo ha hecho.
El Tribunal Constitucional sostuvo en el presente caso que la demanda planteada por un procesado “debe ser estimada, toda vez que el proceso seguido contra el recurrente no ha sido iniciado sobre la base de una denuncia expedida por un fiscal constitucional que forme parte del Ministerio Público, único titular de la acción penal, conforme al artículo 159, inciso 5, de la Constitución”.
La situación es sumamente delicada ya que en este momento la ley de la justicia militar es materialmente inaplicable en los extremos declarados inconstitucionales.
Por último se dispone “remitir los autos al Ministerio Público para que, conforme a sus atribuciones, ejerza de ser el caso, la acción penal” aunque si el caso fuera de competencia del fuero privativo militar estaremos ante un conflicto cuyo desenlace es imprevisible.

¿Puede el Juez visitar a una de las partes en su domicilio?

2009-01-06T08:33:00.000-08:00

(Expediente 02250-2007-AA, Caso José Antonio Silva Vallejo, publicado el 29 de Diciembre del 2008)

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) dispuso la destitución del ex Vocal Supremo José Antonio Silva Vallejo como conclusión de un proceso disciplinario promovido después de que este visitara en su domicilio al entonces presidente Alejandro Toledo que era parte en un proceso de alimentos que tramitaba ante su despacho.
De acuerdo con la Constitución tanto el Congreso de la República como el CNM tienen facultades para disponer la destitución de los Vocales Supremos a tenor de lo establecido por los artículos 100 y 154 respectivamente. El primero puede hacerlo en el contexto del antejuicio (en caso de delito) o del juicio político (en caso de infracción de la Constitución) mientras que el segundo sólo puede disponer la destitución en el contexto de un proceso disciplinario.
El Tribunal Constitucional entiende que “el hecho de que un Vocal Supremo acuda en forma voluntaria y sin conocimiento de los demás miembros del Colegiado que presidía, al domicilio de una de las partes, aún cuando se trataba del entonces Presidente de la República, y por mas que, según el actor, lo que lo impulsó era propiciar el bienestar familiar, social y de la patria, a efectos de recomendarle como proceder en la causa seguida en su contra, esto es, que llegue a un acuerdo conciliatorio, constituye una conducta que estaba prohibida en el artículo 196.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial” que veda la posibilidad de admitir o formular recomendaciones en procesos judiciales.
En el caso se establece una diferenciación entre la independencia que precabe al juez de influencias externas y la imparcialidad que se vincula a la independencia del juez frente a las partes y el objeto del proceso mismo para concluir en que la actitud del magistrado se encuentra reñida con la Constitución y por lo tanto corresponde declarar infundada la demanda de amparo.

¿Se pueden combinar los aspectos más favorables de distintas leyes penales?

2008-12-23T08:46:00.000-08:00

(Expediente 01955-2008-HC, Caso Teresa Gonzales Barberena, publicado el 18 de Diciembre de 2008)

Toda persona tiene derecho a que se le aplique la ley penal más favorable cuando exista duda o conflicto entre normas. Por otra parte la constitución establece también que la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca al reo.
Es decir que a un hecho se le aplica la norma vigente salvo que una posterior establezca un régimen más favorable, pero qué pasa cuando la norma posterior es más favorable en un aspecto pero menos en otro.
En doctrina penal existen dos teorías al respecto, tenemos en primer lugar la tesis de la “combinación de leyes” que permite recoger lo que de más favorable contenga cada una de las normas, y frente a la anterior se ubica la teoría de “unidad de aplicación de la ley” que plantea que ante las diversas leyes penales se analizará el régimen que consagra cada una de ellas de manera particular, aplicando aquella que, en conjunto, resulte más favorable.
Toda vez que el objeto del habeas corpus consiste en garantizar la efectiva vigencia del derecho a la libertad individual escapa de su ámbito la interpretación de la ley en general o la determinación de cuál de las teorías indicadas es más correcta en particular.
En este caso el Tribunal Constitucional ha resuelto que “siendo la favorabilidad en materia penal el resultado de aplicar, por un lado, la ley vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, y si resultase más favorable, de manera retroactiva las normas que con posterioridad al hecho delictivo hubieran entrado en vigencia, ello no resulta contrario a considerar, en la comparación de las diversas normas, a cada una de ellas como una unidad. En tal sentido, la cuestionada aplicación de la teoría de la unidad de la ley penal no resulta vulneratoria del principio de favorabilidad”.
En conclusión el poder judicial podría combinar los aspectos más favorables pero no resulta inconstitucional que aplique la ley que en términos generales resulte más beneficiosa.

¿Puede volverse a juzgar a los militares involucrados en el caso de El Frontón?

2008-12-16T08:38:00.000-08:00

(Expediente 03173-2008-HC, Caso Teodorico Bernabé Montoya -El Frontón-, publicado el 15 de Diciembre del 2008)

En el caso de El Frontón el Poder Judicial sentenció, en segunda instancia, declarando fundado el Habeas Corpus interpuesto por miembros de las Fuerzas Armadas en el entendido de que los delitos habían prescrito. Contra esa resolución el Instituto de Defensa Legal (IDL), que no era en propiedad parte en el proceso, interpuso un Recurso de Agravio Constitucional (RAC).
El mismo fue rechazado por la Sala ya que el Tribunal Constitucional (TC) tiene competencia para conocer de las resoluciones desestimatorias en los procesos de tutela de derechos. El artículo 18 del Código Procesal Constitucional precisa que el RAC procede “Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda”.
El IDL planteó entonces un recurso de queja invocando un pronunciamiento anterior (Expediente 04853-2004-AA) en el que el TC introdujo como precedente vinculante el RAC a favor del precedente cuando la sentencia de segundo grado declara fundada la demanda contradiciendo un precedente constitucional (en el caso el que desarrolló el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la verdad, Expediente 02488-2002-HC).
La mayoría de los miembros del TC entiende que el precedente que habilita el RAC contra resoluciones estimatorias no cumplía con los presupuestos para emitirse y por lo tanto lo deja sin efecto al igual que la resolución que admitió la queja (invocando que la Sala que lo resolvió no estuvo correctamente integrada).
Por otra parte los amicus curiae o “Amigos del Tribunal” no son parte en el proceso limitándose a colaborar con el juzgador competente con información o conocimientos relevantes para la mejor solución de un litigio.
EL IDL no tenía entonces la capacidad procesal para interponer los recursos de queja y de agravio constitucional, pues actuaba como amicus y no como parte del proceso de hábeas corpus.
En consecuencia el TC no se pronunció sobre la prescripción o no de los delitos sino que rechazó el recurso por razones formales quedando firme la sentencia que declaró fundado el Habeas Corpus.
Debe mencionarse que los Magistrados Beaumont Callirgos y Eto Cruz, por un lado, y Landa Arroyo por el otro entendieron que no existían problemas de procedencia y que la resolución de la Sala debía ser revocada declarando infundada la demanda lo que implicaría autorizar el nuevo procesamiento.Este expediente ha quedado concluido pero no creo que se haya escrito el último capítulo sobre el tema.

¿Es inconstitucional la Ley de la Carrera Pública Magisterial?

2008-12-11T16:12:00.000-08:00

(Expediente 00025-2007-AI, Caso Decano Nacional del Colegio de Profesores del Perú, publicado el 09 de diciembre del 2008)

En el presente caso se aborda primordialmente el tema del derecho de huelga en general y aplicado al caso de los maestros en particular, la designación de los docentes y la proscripción del reingreso de los destituidos por desaprobar el examen de desempeño en 3 ocasiones.

I. El contenido esencial del derecho de huelga comprende:

1. Ejercitar o no ejercitar el derecho de huelga.

2. Convocar dentro del marco de la Constitución y la ley. En ese contexto, también cabe ejercitar el atributo de su posterior desconvocatoria.

3. Establecer el petitorio de reinvindicaciones; las cuales deben tener por objetivo la defensa de los derechos e intereses socio-económicos o profesionales de los trabajadores involucrados en la huelga.

4. Adoptar las medidas necesarias para su desarrollo, dentro del marco previsto en la Constitución y la ley.

5. Determinar la modalidad de huelga; esto es, si se lleva a cabo a plazo determinado o indeterminado.

Señala que en principio no existen derechos fundamentales absolutos y que en consecuencia el derecho de huelga puede verse limitado:

a. Por razón de la persona como sucede con determinados funcionarios del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional (artículo 42° de la Constitución) y los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público (artículo 153º de la Constitución).

b. Por razón de la naturaleza del servicio. Cuando la huelga afecte los servicios públicos esenciales los trabajadores en conflicto deben garantizar la permanencia del personal necesario para impedir su interrupción total como sucede en el caso de los servicios: 1) sanitarios y de salubridad; 2) de limpieza y saneamiento; 3) de electricidad, agua y desagüe, gas y combustible; 4) de sepelio, y los de inhumaciones y necropsias; 5) de establecimientos penales; 6) de comunicaciones y telecomunicaciones; 7) de transporte; 8) de naturaleza estratégica o que se vinculen con la defensa o seguridad nacional; 9) de administración de justicia por declaración de la Corte Suprema de Justicia de la República; y, 10) de educación.

II. El derecho de huelga, en el caso de los profesores que integran la Carrera Pública Magisterial, posee las siguientes limitaciones específicas:

1. Deben garantizar el contenido esencial del derecho de educación que comprende disponibilidad, accesibilidad (no discriminación, accesibilidad material, accesibilidad económica), aceptabilidad, adaptabilidad.

2. El ejercicio del derecho a la huelga por parte de los profesores no podría conllevar la cesación total de las actividades vinculadas al servicio público esencial de la educación.

3. En caso de huelga de larga duración se podría requerir el establecimiento de servicios mínimos.

III. Designación

El Ministerio de Educación conduce y evalúa el proceso de ingreso la Carrera Pública Magisterial ya que la educación es una materia que excede el ámbito competencial de los Gobiernos Regionales.

IV. Proscripción del reingreso de los destituidos

Aclara que los profesores destituidos, después de 5 años, pueden volver a prestar servicios para el estado pero no como docentes, salvo el caso de quienes fueron sancionados por maltratos u hostigamiento sexual para quienes la prohibición de retorno es absoluta.

¿Se puede impedir la salida del país por deudas alimentarias?

2008-12-11T16:11:00.000-08:00

(Expediente 02207-2007-HC, Caso Yuri Decailleaux Montoya, publicado el 4 de Diciembre del 2008)

El derecho a la libertad de tránsito, en su modalidad de salida del país, puede ser limitado, cautelarmente, en un proceso de alimentos.

En dicho tipo de proceso el Juez puede disponer una asignación anticipada cuyo pago puede ser exigido judicialmente dictándose medidas como el embargo de remuneraciones o incluso el impedimento de salida del país.

Dicha asignación anticipada de los alimentos es una medida temporal sobre el fondo y cuando se dicta sentencia estimatoria firme que ordena el pago de los alimentos aquella cesa y también las medidas que se hubiesen dictado para garantizar su cumplimiento.

El Tribunal Constitucional entiende que “… resulta idónea la adopción de alguna medida de coerción para asegurar el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos decretada mediante sentencia firme (pero)… no resulta necesario decretar el impedimento de salida de país para conseguir dicho objetivo, pues existen otras alternativas menos gravosas, siendo una de ellas la constitución de una ‘garantía suficiente’”.

En todo caso las medidas que aseguren el cumplimiento de una obligación deben ser adecuadas, necesarias y limitar los derechos en la menor medida que sea posible de acuerdo con la circunstancia concreta.

¿Puede el SAT exigir dos veces la misma suma?

2008-12-05T06:24:00.001-08:00

(Expediente 03666-2008-AA, Caso Mercedes Chiri Tudela, publicado el 26 de Noviembre de 2008).

El estado puede, por ley, crear o modificar impuestos pero dicha norma debe ser conforme con la constitución que exige respeto por principios como los de generalidad, igualdad o no confiscatoriedad.

Dichos principios constitucionales que surgen del artículo 74 son límites al ejercicio de la potestad tributaria del Estado, pero también son garantía para los derechos de las personas frente a esa atribución.

El Tribunal Constitucional ha resuelto que “… cuando la Constitución establece dichos principios como límites informadores del ejercicio de la potestad tributaria ha querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado cuando el poder tributario se realiza fuera del marco constitucional establecido”.

Por ello mismo el último párrafo del mencionado artículo 74 establece que “no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo” lo que implica también que una eventual sentencia de inconstitucionalidad podría tener efecto retroactivo como sucediera con el Anticipo Adicional del Impuesto a la Renta (Expediente 00033-2004-AI).

En el caso concreto se declaró fundada la demanda entendiendo que si bien es cierto que los pagos fueron realizados por persona distinta a la demandante, también lo es que estos no han sido rechazados en ningún momento por la Municipalidad de Lima y en consecuencia ésta no puede exigir nuevamente dichas sumas.

¿Existe un derecho al ascenso en el trabajo?

2008-11-27T05:23:00.000-08:00

(Expediente 04331-2008-AA, Caso Raúl Salazar Cosio, publicado el 19 de Noviembre del 2008)

Al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los Estados reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren "Igual oportunidad... de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad" (Artículo 7.c).
La norma se vincula evidentemente con la garantía de igualdad en el ámbito laboral a la que se refiere el inciso 1 del artículo 26 de la Constitución, pero el tema central es determinar si existe un derecho al ascenso o si existe un derecho a la igualdad que se proyecta también al ámbito del trabajo en general y al de la promoción en particular.
El Tribunal Constitucional dijo literalmente que "... el derecho a la promoción en el empleo se vulnera cuando se imponen restricciones que impiden o dificultan a los trabajadores ascender en base a sus méritos, o cuando se les exige requisitos irrazonables o imposibles de cumplir, o cuando no se les promueve por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, a pesar de que cuentan con los méritos suficientes y han aprobado el concurso para ser promovidos".
Si bien la frase es ambigua parece sugerir que aquel que reúne el requisito de idoneidad tendría un derecho a ser ascendido. Por nuestra parte entendemos que el derecho garantizado es la igualdad que se manifiesta en diversos ámbitos y entre ellos en el del trabajo.

¿Se puede desalojar a los comerciantes informales?

2008-11-13T14:42:00.000-08:00

(Expediente 02576-2008-AC, Caso Darío Caya, publicado el 7 de Noviembre de 2008)

El demandante vive en Huaraz y demandó al Alcalde Provincial a fin de que desaloje a los comerciantes informales como estaba establecido en una Ordenanza. Manifiesta que la inactividad municipal ha dado lugar a que los vecinos vean afectados sus derechos constitucionales a la paz, a la tranquilidad y a gozar de un ambiente equilibrado.
El proceso de cumplimiento sirve para exigir a las autoridades el cumplimiento de las normas y las resoluciones y también para la tutela de los derechos fundamentales vinculados a ellas.
La permanencia de los comerciantes informales a pesar de haber vencido el plazo para su desalojo supone una afectación al derecho constitucional de los vecinos de dicha zona con el consecuente deterioro de su nivel de vida.
Sin perjuicio de ello, el Tribunal Constitucional reconoce que los comerciantes informales tienen derecho a desarrollar su actividad pero deben respetar los derechos fundamentales del resto de las personas.
Queda claro que las municipalidades están facultadas para disponer la desocupación de las vías públicas en las que venían operando los comerciantes informales y para ordenar el retiro o demolición de las instalaciones o hacerlo con el auxilio de la fuerza pública.
En la parte resolutiva se ordena al Alcalde de Huaraz que proceda a la desocupación de los comerciantes informales y que adopte las medidas pertinentes para su reubicación.

¿Tienen las empresas derechos fundamentales?

2008-11-05T03:49:00.000-08:00

(Caso Empresa de Transportes Perú Bus SA, Expediente 06294-2007-AA-Resolución, publicado el 3 de Noviembre del 2008).

La sociedad demandante presenta un amparo contra el Ministerio de Economía y la Sunat solicitando que no se le aplique el artículo 136º del Código Tributario en cuanto dispone que en el caso de las reclamaciones dirigidas contra Órdenes de Pago el contribuyente deberá acreditar el pago previo de la deuda tributaria. Asimismo pide que no se le aplique la disposición que elimina la exoneración del IGV al transporte terrestre.
El Código Civil distingue entre personas naturales (humanas) y personas jurídicas que si bien están integradas por las primeras poseen una identidad propia distinta a la de sus integrantes.
La finalidad del Estado enunciada en el artículo 1º de la Constitución es la persona humana y en el artículo 2º se enumeran una serie de derechos que son inherentes a ella, en consecuencia “el proceso de amparo está destinado exclusiva y excluyentemente a la defensa de los derechos fundamentales directamente relacionados a la persona humana”.
El Tribunal Constitucional entiende que las empresas sólo pueden demandar por la vía del amparo en los siguientes casos: 1) Que la persona jurídica no tenga ninguna otra vía; 2) Que la vulneración sea evidente; 3) Que exista contravención a un precedente vinculante emitido por el Tribunal; y 4) Que se ponga en peligro la existencia misma de la persona jurídica (Expediente 02210-2007-AA).
En cuanto al fondo del asunto señala que la demandante podía solicitar la aplicación de la Ley 28713, publicada el 18 de abril de 2006, que declaró extinguida la deuda tributaria derivada del cobro del IGV aplicable al servicio de transporte interprovincial de pasajeros, dejando sin efecto las resoluciones administrativa que la empresa recurrente cuestiona por medio del amparo.

¿Se puede ir preso por libramiento indebido?

2008-11-02T14:59:00.000-08:00

(Caso Fernando Falen Gonzales, Expediente 00838-2008-HC, publicado el 28 de Octubre del 2008)

El demandante de Habeas Corpus entendió que se vulneraba el precepto constitucional que dispone que “No hay prisión por deudas” (Artículo 2.24.c).
La Sala Penal de Lambayeque revocó el cumplimiento en libertad de la pena y ordenó la detención porque el sentenciado incumplió con la regla de conducta que exige reparar el daño ocasionado (Artículo 59º del Código Penal), en este caso cancelando el importe total de los cheques librados indebidamente.
El Tribunal Constitucional entiende que la proscripción de la prisión por deudas no se extiende al caso del incumplimiento de pagos que se establezcan en una sentencia condenatoria penal pues de este modo se garantiza la eficacia del poder punitivo del Estado.
Adicionalmente sostuvo que la citada regla de conducta constituye “una obligación de orden penal cuyo incumplimiento puede implicar que se revoque judicialmente la suspensión de la pena ya que es una verdadera condición de la ejecución de la sanción penal”.
En un caso anterior estableció que el incumplimiento en el pago de beneficios sociales a los trabajadores, cuando forma parte de la condena penal, puede dar lugar a que se ordene el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad (Expediente 00820-2005-HC).
Por último el Tribunal Constitucional tiene decidido que el incumplimiento en el pago de la reparación civil puede dar lugar a que se deniegue la liberación condicional (Expediente 07724-2005-HC).

¿Puede el Estado hacer “perro muerto”?

2008-11-02T14:22:00.002-08:00

(Caso Municipalidad Distrital de Acobamba, Expediente 00017-2008-AA, publicado el 29 de Octubre del 2008)

La Municipalidad demandante fue multada por el Ministerio de Agricultura en virtud de una infracción en la que incurrió el camal que de ella depende.
El ejecutor coactivo del Ministerio inició el procedimiento de cobranza bajo apercibimiento de disponer el embargo de los bienes y rentas del gobierno local.
Contra la decisión de continuar el proceso se interpuso demanda de amparo que el Tribunal Constitucional entiende que debió ser admitida ya que pretende la tutela del derecho al debido procedimiento administrativo que es el único caso en el que pueden ventilarse amparos entre organismos del Estado.
En cuanto al fondo del asunto recordó que la ley de procedimiento coactivo dispone que los obligados son tanto las personas naturales como las jurídicas sin que distinga entre aquellas de derecho público y las de derecho privado. Por su parte el artículo 60º de la Constitución establece que la “actividad empresarial, pública o privada, recibe el mismo tratamiento legal”. “En este sentido, es posible concluir válidamente que se encuentra sujeta por los mismos límites, entre los que se encuentran las normas legales y reglamentarias de cada actividad”.
El artículo 73º de la Constitución establece que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles pero ello no puede ser entendido en el sentido de otorgar una justificación para que el Estado deje de honrar sus deudas.
El Tribunal Constitucional, en un caso anterior (00015-2001-AI), declaró inconstitucional el dispositivo que permitía al Estado prorrogar indefinidamente el cumplimiento de las sentencias en varios e indeterminados presupuestos y aclaró que aún cuando el Congreso no publique la lista de los bienes embargables del Estado, los jueces pueden calificar qué bienes son de uso o dominio privado y ordenar el embargo de éstos en ejecución de sentencias judiciales firmes.

Revisión de resoluciones del JNE

2008-01-06T17:54:00.001-08:00

Mucho se ha debatido la posibilidad de revisión de las resoluciones del Jurado ya que el artículo 142 de la Constitución parecería vedar completamente esa posibilidad.

Los Fonavistas requirieron al JNE la convocatoria a un referéndum y éste la declaró improcedente por tratarse de materia tributaria. Contra esa resolución se interpuso una demanda de amparo que fue resuelta en definitiva por el Tribunal Constitucional.

En nuestro artículo Análisis del caso del Fonavi examinamos la problemática y concluimos en que no pueden existir ámbitos donde se vulneren derechos sin remedio y que el Jurado Nacional de Elecciones debe acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional.

*Leer Más